En la gestion colectiva el agua se dona, no se vende

Ana Patricia Quintana Ramírez [1]

Este artículo presenta un análisis de las relaciones sociales establecidas en torno a la gestión colectiva del agua que realizan habitantes de áreas periurbanas en el municipio de Dosquebradas, desde un modelo no contractual, basado en el paradigma del don. El propósito es presentar los habitus [2] que desarrollan algunos habitantes de la zona periurbana del municipio para resolver la carencia del líquido, mediante el intercambio y la trasmisión de servicios entre vecinos.

El artículo contiene los resultados de un proceso de investigación cualitativa desarrollada en los últimos diez años en el municipio de Dosquebradas, mediante entrevistas a usuarios, fundadores y directivos de veinte Asociaciones de Acueductos comunitarios de Dosquebradas, que entregan agua a los habitantes en los sectores oriental y occidental de la ciudad. La observación participante se centró en reconocer la dinámica de las organizaciones sociales y la vida colectiva de los habitantes, aprovechando para ello recorridos por los barrios y en las cuencas abastecedoras de los acueductos comunitarios, visitas domiciliarias a familias usuarias, participación en reuniones de directivos, asambleas de usuarios y eventualmente reuniones de gestión interinstitucional.

Para ello se presentan inicialmente los postulados teóricos a partir de los cuales se abordó el problema de estudio ; luego se explica de modo general el tema de la gestión del agua, de los modelos existentes y la situación en Colombia. Para finalizar con la presentación más detallada, de la situación que se presenta en el municipio de Dosquebradas, en torno a la gestión del servicio de acueducto.

Introducción

La gestión del agua es un tema con múltiples implicaciones en la vida de los seres humanos, porque se refiere a la manera como habitantes de diferentes territorios desarrollan modelos tecnológicos y de organización social para acceder al recurso hídrico, estableciendo relaciones sociales mediadas por el uso y la distribución del poder. Por ello, en términos de Bourdieu es un campo configurado como :

“Una red o configuración de relaciones objetivas entre posiciones de dominación, subordinación u homología entre agentes e instituciones ubicadas en la estructura del poder, dependientes del volumen y del tipo de capital con el que cada uno cuenta (…). Es un espacio de conflicto y competencia, en el cual los participantes rivalizan por el monopolio sobre el tipo de capital que sea eficaz en él” (2008:134-135).

En el campo de poder referido a la gestión del agua, se confrontan Agentes sociales que defienden disímiles intereses, en relación con el tipo de propiedad y el reconocimiento sociopolítico que aspiran adquirir quienes gestionan el líquido, desde los modelos contractual y no contractual. El modelo contractual que sigue la lógica mercantil, intensifica la diferenciación de clases, porque institucionaliza una gestión empresarial para el acceso al agua y la prestación del servicio de acueducto, basada en la propiedad privada sobre la tierra, la infraestructura y la tecnología. En el modelo no contractual que sigue la lógica del don, los Agentes sociales buscan la distribución equitativa del líquido, entre otras formas, mediante la gestión colectiva del agua, basada en la propiedad comunal sobre las infraestructuras. Para ello generan alianzas sociales y estructuras organizativas, que permiten el reconocimiento social y político de quienes se encuentran excluidos del acceso a un servicio público vital.

Esto sucede según Godelier (1998), porque mientras el interés del contrato es la ganancia económica, mediante el intercambio mercantil y el acceso al poder en contextos de mercado ; como entrega compensatoria en precio o servicio de una cosa ; mediante la compra-venta al contado o, a plazo en forma de crédito como préstamo, utilizando la moneda como medio de pago. En las relaciones no contractuales, que escapan a la lógica mercantil, las personas mediante un pacto moral intercambian cosas, con el interés de establecer alianzas sociales. Por ello las cosas que son intercambiadas tienen la virtud especial que hace que se las dé y sobre todo que se las devuelva, con un interés de dominación o reconocimiento, mediante la adquisición de prestigio y honor. El medio de pago en las relaciones no contractuales es el préstamo, mediado por la trasmisión, la redistribución y la reciprocidad, cuyo principio moral de sociabilidad y generosidad se concreta en relaciones de parentesco y amistad.

Por tanto, el sistema del don planteado por Mauss “como una acción pautada, mediada y premeditada, en la que se despliegan esfuerzos y recursos de gran magnitud, con mucha importancia social y emocional…” (1969:42), se opone a la ideología de la propiedad concebida como apropiación exclusiva. Este sistema concibe una propiedad como presencia en el mundo, fundada en el uso del recurso natural o, la decisión colectiva de la devolución a la naturaleza del bien aprovechado, no equivalente o idéntico, pero si asegurando la renovación de la alianza social (Attac, 2012:10).

Las relaciones sociales generadas por el don, se caracterizan principalmente porque existe un mayor interés por la alianza que por el bien, la obligación desinteresada se impone en forma de deuda moral positiva y, los individuos cuando donan son reconocidos socialmente. A continuación se explican cada uno de estos atributos.

En el paradigma del don, la alianza social interesa más que el bien, ya que las relaciones se explican “en forma de obligación desinteresada, como una prestación [3] de bienes o servicios efectuados sin garantía de retorno, con el propósito de crear, mantener o recuperar la alianza social, más que generar bienes. En cuyo caso, la triple obligación de dar-recibir y devolver no genera una deuda –en términos mercantiles [4]-” Caillé (2013:131), sino más bien una obligación moral, o una deuda positiva, como la llama Godbout (2013).

Porque según Godbout (2013), en toda relación social, dependiendo del sentimiento de dependencia que genera el retorno de un bien o servicio, se generan deudas que pueden tener un sentido negativo o positivo. Negativo, cuando se funda en la equivalencia, como expresión extrema de una relación, en la cual se piensa haber dado más de lo que se recibe. Situación que genera desigualdad, dependencia y dominación. Porque para disminuir la deuda, quien recibe siente que debe devolver más de lo que puede y además, liquidarla prontamente a un plazo fijo (Godbout, 2013).

Por el contrario, la deuda tiene un sentido positivo, cuando surge porque el receptor de un bien o servicio, en lugar de devolver, comienza más bien a donar también. Es decir que quien recibe, pasa de la obligación de devolver, al deseo de donar. Consolidándose así relaciones sociales libres y espontáneas, que superan el sentimiento de culpabilidad y dominación. Ello porque las relaciones sociales resultantes de una intención no contractual, están determinadas principalmente por una ética de la trasmisión, sin espera de recompensa. Ya que sin que desaparezca el interés, además de satisfacción, las personas se sienten motivadas a donar, al adquirir un reconocimiento social entre los receptores del don (Godbout, 2013).

Tal como sucede en la deuda ecológica, que no es financiera, porque no se extingue ni puede ser compensada totalmente (Attac, 2012) ; ya que es la restitución que deben realizar los seres humanos para compensar las degradaciones ecológicas, y de algún modo reemplazar el préstamo de los elementos naturales a los ecosistemas (Azam, 2013:30-31). Así también, como para la sociedad la deuda es el punto de apoyo para construir sociedades durables y sustentables de vida, el reconocimiento de una deuda ecológica, es una vía para establecer una justicia social entre los seres humanos.

Porque reconocer una deuda es también reconocer a una persona, ya que al estarle agradecido con algo a cambio, se admite su valor social. El reconocimiento reviste una acción política en microsociedades o asociaciones, según Caillé, como :

“La convención tácita o implícita, conforme o no a una ley, escrita o no escrita, por medio de la cual dos o más personas ponen en común de manera más o menos permanente, sus recursos materiales, sus conocimientos o su actividad, en un objetivo que es diferente o que no se orienta principalmente a compartir beneficios materiales” (2013:132-133).

Por ello, el reconocimiento que adquieren algunos individuos mediante la gestión colectiva de los recursos naturales, está determinada por el seguimiento de una lógica no contractual ligada al concepto de propiedad común. Ya que refiere la manera como algunos individuos establecen acuerdos para el manejo de los bienes aportados por los ecosistemas, con derechos claros de propiedad en virtud a la pertenencia al grupo humano y a la existencia de un tipo de gestión institucional determinado (Pascual 1993 ; Chamoux, Contreras, Beltrán 1996 y Gordillo, Aguilera 2006). La gestión colectiva de recursos naturales es considerada entonces, como :

“Una institución en la que la cooperación voluntaria, o la opción convivial, es superior a la competencia (…) Permite al mismo tiempo la resolución de los problemas que presenta la gestión de recursos, o los ecosistemas, en los que es difícil alcanzar acuerdos entre los usuarios que, en última instancia, somos todos (…) Es relevante para el desarrollo, en tanto no es la gestión de un recurso aislado sino la gestión de un ecosistema, en el cual la idea de cooperación se muestra como un concepto mucho más sugestivo que el concepto de competencia, tanto desde el punto de vista teórico como empírico” (Aguilera, 2006:125-126).

Lo cual sucede porque a diferencia de la propiedad privada, que se sustenta en la individualización del trabajo, la alienabilidad, la circulación mercantil y la seguridad crediticia. El concepto de propiedad colectiva se adhiere al de pueblo, desde las posibilidades que otorgan los derechos políticos :

“Como la autonomía y la capacidad de gestionar soberanamente los territorios (…). Supone de manera simultánea, una consideración individual y comunitaria de espacios para todas las personas y a su vez de ninguna en particular. Y la propiedad nunca es estrictamente exclusiva, en virtud a las limitaciones familiares y comunitarias sustentadas en los derechos de las antiguas y de las nuevas generaciones.” (Martínez, 2008 : 161-162).

Contrario a la consideración de Garret Hardin, quien en 1968 calificó la gestión colectiva como una tragedia para la sostenibilidad de los recursos naturales. La lógica no contractual conduce a que los grupos humanos resignifiquen la naturaleza, al recuperar el valor de uso de los elementos naturales necesarios para la vida. Tal como lo plantea Ostrom (2000), para quien mediante el uso común de un recurso natural, la organización humana logra controlar la distribución del mismo, evitando el consumo excesivo y los costos administrativos. Esta autora cataloga el modelo de gestión colectiva, como un sistema de Recursos de Uso Común –RUC- o :

“Hechos por el hombre que es lo suficientemente grande como para volver costoso, pero no imposible, excluir a destinatarios potenciales de los beneficios de su uso (...) ya que la valoración del recurso como acervo, garantiza que la apropiación no exceda el ritmo promedio de desabastecimiento (…)” (Ostrom, 2000:66).

Experiencias colectivas para la administración de recursos naturales, demuestran que la preocupación principal de sus gestores, además de garantizar bienes y servicios a bajo costo, es el reconocimiento social y la defensa de la identidad en el territorio habitado. Porque históricamente es un modo de vida de pobladores rurales y de sectores urbanos, que les permite acceder a diferentes bienes como tierra, vivienda, madera del bosque ; y, a servicios como acueducto, alcantarillado, infraestructura básica en salud, agua para riego y apoyo para la producción agrícola, entre otros.

Tal es el caso, de la estabilidad lograda durante siglos por instituciones sociales que administran los sistemas de riego entre pequeños propietarios rurales de Valencia, Murcia, Orihuela y Alicante en España, mediante comunidades de irrigación autónomas, conformadas por síndicos, Tribunales de Aguas y empleados de guardia ; y, el de productores agrícolas en Filipinas mediante el sistema de zanjeras. Experiencias que demuestran la equitativa distribución en el flujo del líquido y la autorregulación para el seguimiento y control del acceso al agua (Ostrom, 2000). Así también como en el caso del Ayllu y los resguardos indígenas de comunidades suramericanas para el manejo de la tierra, referidos entre otros por Tapia (2002) y Temple (2003).

La gestión del agua

La lógica mercantil y la lógica del don, contrastan en la concepción del esquema para la distribución y accesibilidad al agua, entre los diferentes sectores poblacionales. En la lógica mercantil respaldada por el Estado, se impulsa la inversión público-privada para la construcción de acueductos. En ella, el acceso al agua no está equitativamente garantizado a toda la población, ya que mediante la rentabilidad económica se prevé recuperar los costos, con tarifas que sólo pueden pagar algunas clases sociales.

En la lógica del don, se reivindica la distribución equitativa del agua, mediante prácticas sociales que se convierten en habitus definidos tradicionalmente, al interior de las familias y entre vecinos que habitan territorios comunes. Este modelo lo desarrollan principalmente pobladores pobres de países emergentes marginados del acceso al agua, que como alternativa para obtener el líquido, recurren al esfuerzo y trabajo cooperativo.

Ya que además de ser un líquido que requieren los seres humanos para sobrevivir, el agua es un elemento natural alrededor del cual fluyen relaciones de dominación, con orientaciones políticamente intencionadas de controlar la vida ; mediante prácticas que conllevan a la profundización de las diferencias, la estratificación y los modos de exclusión social. Por tanto, más que un proceso natural de escasez del recurso hídrico o de pocas posibilidades de los pobres a pagar, lo que se presenta en la gestión del agua para consumo humano, es la imposición de un modelo económico y político mercantilista. Estrategia que, según Swyngedouw (2004), reproduce las contradicciones propias de los esquemas de inequidad en la distribución de servicios públicos y, de las relaciones de gobernanza que impactan en las esferas individual y familiar, de hombres y mujeres en barrios marginales de países emergentes.

Porque en muchos países pobres, el acceso al agua supone para los habitantes, condicionamientos de tipo económico y político, ante la existencia de una marcada diferencia entre la cobertura del suministro del recurso hídrico en ambientes urbanos, urbano-marginales y rurales. Gran número de personas son marginadas del acceso al recurso, por su incapacidad de pagar por el servicio, ante unas condiciones de distribución inequitativa de los beneficios que ofrece el Estado, como responsable de garantizar el abastecimiento con agua potable a toda la población. En la mayoría de casos, la mercantilización de los servicios públicos, como condición estructural para la negociación de las deudas de los países pobres con los países llamados desarrollados, presiona a los gobiernos locales a centralizar sus políticas con criterios de rentabilidad, más que de inversión social.

Según el informe realizado para la conferencia de Rio+20 celebrado el 2012 en Brasil, el principal detonante de la escasez de agua en el mundo no es el consumo humano directo, ya que del agua extraída para propósitos humanos, el 70% se destina para la agricultura, el 20% para la industria y el 10% para consumo humano (UNEP, 2011:120). Sumado a ello, en América Latina, el principal problema reside en la ausencia de gestión estatal para erradicar los problemas de saneamiento básico, que afectan a los grupos sociales con menores ingresos. Por ello, Naciones Unidas sugiere que “la condición de pobre no permite que exista capacidad de pago para el acceso al agua, particularmente cuando las prestaciones son de por sí caras y su universalización demanda inversiones significativas. De ahí que el Estado tenga un rol esencial en el desarrollo del sector (…)” (Arroyo, 2010:14).

La gestión del agua en Colombia

En Colombia, pese a ser un país con una gran riqueza hídrica, tanto superficial como subterránea, no existe equidad en el acceso al agua para todos los habitantes. La tasa de cobertura en Colombia, según el DANE (2012), es solamente de 83.2%, con un significativo contraste entre las áreas urbanas que tienen 94.3% y las rurales que cuentan con un 47.1%. Según la Defensoría del Pueblo, solamente un 65.1% de viviendas en el país están conectadas a un sistema de acueducto. Los problemas de bajas coberturas persisten especialmente en poblaciones de menor tamaño y en el sector rural. De los 1099 municipios colombianos, solamente en 127 municipios, que albergan al 52% de la población, la cobertura de acueducto supera el 90% ; el resto de municipios tienen coberturas de acueducto por debajo del 30% y, el 20% de la población no cuenta con servicio de acueducto (2009:145-309).

Este mismo reporte mostró que los hogares con ingresos bajos, tienen una mayor carga sobre sus ingresos para pagar los servicios públicos domiciliarios. Entre el 2001 y el 2007, debido al incremento de los precios del servicio de acueducto, por encima de la inflación, se aumentó la porción de ingresos que debieron destinar las familias de escasos recursos, para el pago de ese servicio. Por ello, la proporción del gasto destinado para dicho servicio disminuyó en 28% para los usuarios de ingresos altos y aumentó en un 43% y 52% para los usuarios de ingresos medios y bajos, respectivamente. Sumado a ello, los sectores comercial e industrial pagaron menos que los consumidores residenciales con la más alta tarifa. “Situación que contradice la asignación prioritaria del recurso hídrico para el sector domiciliario y, en especial, para satisfacer las necesidades básicas de las personas” (Defensoría del Pueblo, 2009 : 230).

La desigualdad en el acceso de la población colombiana al agua, se debe principalmente a la inexistencia de una eficaz política pública para la ordenación-distribución del recurso, para el control de las deficiencias en la calidad del líquido y, a los esquemas de privatización del sector acueducto.

La demanda asociada a la distribución geográfica de la población en Colombia que se aproxima a los 46 millones de habitantes (DANE : 2012), no coincide con la disponibilidad de recursos hídricos. Según el IDEAM (2010), existe una mayor demanda en el área geográfica de las cuencas hidrográficas del Magdalena-Cauca, donde se asientan la mayoría de colombianos que no cuentan con la mayor disponibilidad de agua. Mientras las zonas de la Amazonía y Orinoquía, donde se concentra la mayor disponibilidad de agua en el país, cuentan apenas con el 10% de la población total nacional. Por otra parte, el mayor volumen de agua en el país se utiliza para riego agrícola, seguido de la generación eléctrica para embalses, el uso recreativo e industrial.

La calidad se encuentra afectada por el retorno del agua, ya que solamente el 41.2% de viviendas en el país se encuentran conectadas a un sistema de alcantarillado (Defensoría del Pueblo, 2009:157). Y, la cobertura promedio de alcantarillado es de 71.3% para el país, con un 89.7% en zona urbana y 17.8% en zona rural. Con deficiencias en los tratamientos para el vertimiento de aguas residuales de algunas industrias y la minería de aluvión (IDEAM, 2010).

Además, según Cuervo (1987:28-31), la inversión de recursos económicos para el sector acueducto se orientó de manera desigual en las regiones colombianas. Hubo mayor inversión estatal en las grandes ciudades, en comparación con las intermedias, pequeñas y casi nula en el sector rural ; excepto la inversión que realizó en acueductos con fines agrícolas, la Federación Nacional de Cafeteros. El debilitamiento del sector agropecuario desde finales de la década del noventa fue evidente, a medida que el desarrollo económico se reorientó principalmente hacia los sectores industrial, comercial y de servicios. Esto sucedió, entre otras causas, porque de 1987 en adelante, el Gobierno nacional concibió al sector agua potable, como un componente constitutivo del desarrollo físico-tecnológico e insumo necesario para la competitividad industrial.

Lo cual significa que los gobiernos en Colombia han priorizado el desarrollo económico, en detrimento de la inversión social y, no lograron cumplir durante los últimos 70 años con los requerimientos de los ciudadanos en servicio público de acueducto. Además, la normatividad se ajustó progresivamente al modelo de privatización y permitió integrar a las empresas privadas en el sector. Como consecuencia de ello, se incrementaron los costos de la oferta y, los habitantes con baja capacidad de pago ubicados en sectores populares urbanos y zonas rurales, han sufrido un proceso de marginación.

De la década del noventa en adelante, el Estado delegó la inversión del sector acueducto a inversionistas privados y, asumió a través del Ministerio de Desarrollo Económico y la Superintendencia de Servicios Públicos, la regulación y control en la gestión de la política. Con la Constitución de 1991 y la ley 142 de 1994 se dio paso a la privatización del sector de los servicios públicos y, de un enfoque centrado en el fortalecimiento de las capacidades internas y locales, en el cual el Estado central invertía a través de auxilios para construcción de acueductos en municipios y regiones, se pasó a un proceso que demandó del capital financiero externo, para la entrega de recursos en forma de créditos o “inversión social recuperable” (Quintana, 2010).

En el nuevo orden económico del sector, el Estado no legisla para la pluralidad de formas de gestión del servicio de acueducto presentes en las diferentes regiones y municipios de Colombia, se limita a construir un régimen de financiación, gestión y regulación estandarizado, atribuible a esquemas empresariales sólidos, donde difícilmente compiten los municipios y las organizaciones sociales de manera autónoma, a menos que lo hagan mediante alianzas con el capital privado. En este marco de descentralización administrativa, los actores privados se encargaron de incidir a través de alianzas con los gobernantes nacionales y municipales en las decisiones del sector servicio público de acueducto.

Desde el 2004, según la CEPAL, los gobiernos nacionales promocionan un modelo de gestión para la ampliación de la cobertura y, mejora del servicio de acueducto y alcantarillado mediante el desarrollo empresarial, con la creación y consolidación de PYMES prestadoras de este servicio (Hoof, 2004). Y desde el 2007, con la implementación de los Planes Departamentales del Agua financiados con créditos del Banco Mundial (Gobernación de Risaralda, 2007), se amplió la participación del sector privado en las ciudades medianas como Dosquebradas, mediante la introducción de acuerdos con operadores especializados para la prestación del servicio de acueducto.

De esta manera, mediante la alianza Estado-prestadores privados, el agua en las ciudades se entrega prioritariamente a quienes tienen capacidad de pago. Mientras en la mayoría de zonas rurales, el abastecimiento de agua depende de la autogestión que realicen los mismos pobladores para garantizarse el abastecimiento del líquido. Por ello, hombres y mujeres de los sectores marginales, tanto rurales como urbanos, gestionan de manera autónoma el acceso al líquido en el sector que habitan, conformando asociaciones de usuarios para administrar las infraestructuras construidas por ellos mismos.

La principal característica radica según Quintana (2010), en que los mismos pobladores diseñan, construyen el sistema de abastecimiento y, para su administración, se organizan en asociaciones de usuarios. Así, con el aporte voluntario de quienes trabajan en la administración del sistema, entregan agua a la población pobre, a cambio de una simbólica cuota de sostenimiento. Alrededor de 12.000 acueductos comunitarios existen en el país, ofreciendo el servicio en sectores donde no existe otra opción para acceder al agua ; con coberturas promedio del 20% en ciudades intermedias como Pereira, Ibagué y Villavicencio (Cadavid, 2009. Siguiendo a la SSPD [5], 2006).

Por ello, pese a que históricamente la lógica no contractual en la gestión del agua fue la forma tradicional como muchas poblaciones resolvieron la necesidad vital del líquido y, aún hoy es la única alternativa de acceso al agua para la mayoría de habitantes rurales en Colombia ; actualmente la coexistencia del modelo de gestión colectiva, en contextos de privatización es conflictiva, porque el Estado impone el modelo mercantil a través de la legislación y la política pública de acueductos. Y porque, con la expansión del perímetro urbano de muchas ciudades, que integran áreas rurales abastecidas por acueductos comunitarios, las relaciones contractuales del mercado, la propiedad privada y el clientelismo, imponen nuevos estilos de vida a los habitantes de sectores periurbanos.

La gestión colectiva del agua en Dosquebradas

Dosquebradas es un municipio ubicado en el Departamento de Risaralda, al suroccidente del territorio colombiano, sobre la vertiente occidental de la cordillera Central, a 1.460 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con una extensión aproximada de 70 km2 y temperatura promedio de 20°C. Su territorio es montañoso y de nororiente a suroccidente está irrigado por la quebrada Dosquebradas, la cual desemboca en el río Otún, que actúa de divisoria con la ciudad de Pereira, capital del Departamento. El municipio cuenta con una gran riqueza hídrica, integrada por alrededor de 17 quebradas que bañan todo su territorio y numerosos nacimientos que determinan la disponibilidad de fuentes para la captación de acueductos (Quintana, 2010).

En este municipio risaraldense con aproximadamente 193.024 habitantes (DANE, 2012), debido a la inexistencia de acueducto municipal propio, el 3% de los habitantes son usuarios de la empresa privada ACUASEO ; el 20% de sus pobladores, es decir un promedio 40.000 personas, solucionan su abastecimiento mediante 57 acueductos comunitarios : 31 en zona urbana y 26 en zona rural. Y el 77% de la población se abastece con el agua que la Administración Municipal entrega por medio de la empresa estatal Serviciudad y, compra en bloque a los municipios vecinos de Santa Rosa de Cabal y Pereira. Esta última entidad estatal descentralizada, tiene una función intermediadora en la venta del líquido, con funciones únicamente de conducción, almacenamiento y distribución. Ya que la empresa mixta ‘Aguas de Dosquebradas’, de la cual el municipio de Dosquebradas es miembro accionario, se encarga desde el 2005, de administrar la planta de tratamiento y potabilización del líquido, que la Administración Municipal le compra a la empresa pereirana de acueducto.

Los acueductos comunitarios en Dosquebradas, son infraestructuras para el acopio, tratamiento y distribución del agua, construidas por grupos de pobladores rurales y urbanos de sectores pobres de la ciudad. Las personas que realizan la inversión en especie y capital, se organizan en Asociaciones de usuarios, conformadas por usuarios, socios y empleados con funciones operativas y administrativas. La administración y funcionamiento se encuentra a cargo de la Asamblea General y la Junta Directiva. La primera conformada por la totalidad de usuarios-socios y la segunda, constituida por el grupo de personas delegadas por la Asamblea general de asociados, para cumplir funciones administrativas y de gestión en el mantenimiento y mejoramiento del sistema de acueducto.

Para el funcionamiento de los acueductos comunitarios, las Asociaciones deben acceder a permisos de concesión del agua ante la CARDER [6], entidad encargada de realizar la vigilancia ambiental. Y solicitar permiso o servidumbre a los propietarios privados, para realizar la construcción de las obras del acueducto comunitario en sus propiedades, acceder al permiso para el paso por sus predios de las redes de distribución del agua y, la movilización del fontanero para realizar el mantenimiento operativo del sistema. Estas autorizaciones en propiedad privada, deben ser reglamentadas por un juez civil. Aunque eventualmente, algunas asociaciones a través de sus directivos, reciben del propietario la autorización verbal o la donación del terreno para tales finalidades.

Pese a la oferta continua de agua que ofrecen los acueductos comunitarios en barrios de Dosquebradas, que no cuentan con acceso al servicio de acueducto. La dinámica municipal del sector de acueducto, se corresponde con las exigencias del Estado central colombiano, en cuanto al manejo de recursos y al debilitamiento progresivo de la inversión. Por ello, los gobernantes de este municipio constituyeron en el 2005, la empresa mixta Aguas de Dosquebradas. Opción que por el endeudamiento económico que adquirió la sociedad, requiere competitividad mercantil y, percibe a los sistemas de acueductos comunitarios, como un obstáculo para la expansión de sus propósitos monopolísticos en la prestación del servicio.

Además del modelo normativo colombiano basado en la concepción mercantil para la gestión del agua, el clientelismo y la violencia que ejercen actores armados, amenazan la estabilidad del modelo de gestión colectiva y, generan en Dosquebradas deudas negativas. Las cuales conducen a dependencia, dominación y deterioro de la calidad de vida de quienes motivados por el bajo costo de las propiedades, los arriendos y los servicios públicos, se instalan en barrios abastecidos por acueductos comunitarios.

El abandono estatal en Dosquebradas abrió paso a la red clientelar. Entre 1958 y 1982, al igual que en todo el territorio colombiano, esta localidad vivió un período caracterizado por una intensa urbanización, sumado a la autonomía administrativa que le garantizó adquirir su rango municipal. En esta etapa se presentó un auge en la construcción de viviendas mediante loteos a cargo de propietarios o urbanizadores particulares, sin control, ni regulación estatal alguna. Además, como manera de compensar la ausencia del Estado, en inversión para servicios públicos, los habitantes de Dosquebradas construyeron en este período, la mayor cantidad de acueductos comunitarios en el oriente y occidente de la ciudad (Quintana, 2010).

En estos sectores de la ciudad, la ausencia de inversión social estatal, ha posibilitado históricamente la aparición de relaciones clientelares para el acceso a beneficios sociales. Tal como lo relatan algunos de los líderes comunales. Gustavo [7] dice que : “esto aquí fue una donación que hizo el abuelo del D^r. Jaime Salazar Robledo, el líder político de Risaralda. Ese señor donó este terreno a la Sociedad San Vicente de Paul para que lo lotiaran (…) y lo lotiaron” (2012). De igual forma sucedió en el barrio donde habita Tomás : “un político amigo de un Concejal nos llamó a un grupo del Sindicato de Balastreros de Risaralda, nos dijo que nos iba a dar unos lotes. Una vez que ya estábamos viviendo allí, nos llamó Planeación (…) y ya viendo todo construido les tocó aprobar” (2010).

Un procedimiento similar surtió efecto, según Gustavo (2012), para acceder al servicio de energía eléctrica :

“La energía la conseguimos gracias a un político (…) vuelve a trinar la política (…) donde hay hambre ahí está el político. Que hay necesidades, ahí está, porque sabe que él va a buscar votos, y ahí los va a encontrar (…). Pero eso vino a ser como a los tres años de nosotros estar viviendo aquí (…) eso fue mucho ruego, aquí vivimos tres años a punta de velas, si”.

De otra parte, los barrios localizados en la franja oriental y occidental que comunican la ciudad con la zona rural, son territorios controlados por grupos delictivos, que amenazan la convivencia pacífica de sus habitantes. Las consecuencias se explicitan por la vinculación de jóvenes al tráfico de drogas como alternativa laboral y, la intimidación a líderes de las Asociaciones de acueductos comunitarios a cambios de prebendas económicas, entre muchas otras.

Por un lado, muchos jóvenes del sector se vinculan al microtráfico y consumo de psicoactivos, ante la inexistencia de oportunidades educativas y laborales. Así comparte su experiencia familiar, una integrante de la Asociación de acueducto comunitario, en relación con las dificultades económicas de la familia para garantizar educación a los jóvenes : “…es que mis nietos no están estudiando, porque no hay plata para pagar el colegio… Mi hija está desempleada” (Ximena, 2012). Y otra líder, mientras expresaba en su mirada un gran desconsuelo, durante un recorrido por el barrio, presentó a su hijo de la siguiente manera : “Ese es mi hijo que venía de mercar –acción de consumir psicoactivos-,… Es mi hijo __,… Un tatuaje, un cacho de marihuana, es lo que nunca le podría tolerar a un hijo y él, tiene las dos cosas… y lo acepto como es…” (Teresa, 2013).

Por otro lado, la violencia se manifiesta también, cuando algunos usuarios amenazan a directivos de las Asociaciones de acueductos comunitarios, principalmente con la intención de acceder a beneficios personales o, buscando le sean condonadas deudas económicas con la organización. Tal como sucedió cuando una directiva, presionada por la intimidación que le hiciera el hijo de un usuario del acueducto comunitario, cedió a exonerar una deuda por cuotas mensuales acumuladas en servicio de agua. O, cuando un fontanero, resultó herido con arma de fuego, por rechazar la propuesta, que le hiciera el propietario del terreno donde se encuentran construidos los tanques de almacenamiento del acueducto comunitario, para convenir la comercialización privada de agua embolsada, con el líquido tratado por la Asociación.

Por este motivo, como una forma de reacción a las situaciones de exclusión y marginalidad, las relaciones no contractuales creadas entre los integrantes de las Asociaciones de acueducto comunitario en Dosquebradas, se establecen a partir de alianzas sociales que generan deudas positivas y garantizan el reconocimiento de los habitantes de sectores periurbanos de la ciudad, mediante la gestión colectiva del agua. A continuación se describen las prácticas que determinan estas características.

En las Asociaciones de acueducto comunitario importa más la alianza social que el bien

Este es el fundamento principal sobre el cual se sustenta el modelo de propiedad entre las Asociaciones de acueducto comunitario en Dosquebradas, ya que la herencia campesina de trabajo solidario con la que llegaron los primeros habitantes al territorio, garantizó la continuidad de un modelo colectivo para solucionar el acceso al agua. Así lo narran dirigentes de los barrios periurbanos que habitan los sectores oriental y occidental de la ciudad : “(…) Nosotros fuimos de los primeros que llegamos acá a este caserío (…)”, manifiesta Eduardo, dirigente de una Asociación (2012). Y luego dice Gustavo (2012) :

“(…) Nosotros bajamos el agua aquí, por medio de canoas y por medio de latas de guadua. Lo que fuera pues, lo que fuera. Ya después apareció la manguera. Y bajó eso para acá. Nos surtimos de agua y luego se formó una junta directiva para que manejara mejor el acueducto (…). Luego, pues nos tocó gestionar todo lo del alcantarillado. Todo completamente todo. O sea que a nosotros nos tocó hacer las brechas, conseguir la plata con actividades y todo eso (…)”.

La construcción de la infraestructura mediante convites [8], además de garantizar el acceso al agua, consolidó fuertes lazos de amistad y parentesco entre quienes habitan los barrios. Entre las Asociaciones de acueductos comunitarios de Dosquebradas, el convite es una práctica de trabajo voluntario, en la que grupos de personas se reúnen para realizar labores en obras de beneficio colectivo. Este sistema de trabajo se utiliza para construir, mantener o mejorar el sistema de abastecimiento comunal de agua. Su origen es campesino, por eso las comunidades rurales ubicadas en la zona urbana replicaron este modo de trabajo entre los vecinos.

En las jornadas, ninguna persona recibe pago o compensación monetaria por su trabajo en el convite, porque su ayuda se retribuirá posteriormente con el servicio que le preste el sistema de abastecimiento de agua. Un comité se encarga de preparar y convocar a la gente, luego cada persona aporta sus capacidades y potencialidades. Los hombres realizan el trabajo físico pesado, las mujeres se encargan de alimentar al grupo de personas y, los jóvenes y niños movilizan materiales y difunden la comunicación al interior del grupo. Cada familia delega como mínimo a una persona, un día semanal, generalmente sábados, domingos o festivos, con recurrencia de las labores de manera quincenal o mensual, según la necesidad de la obra.

El convite, además de tener como finalidad práctica el trabajo material, es un espacio de interacción social y encuentro informal entre vecinos, que facilita el diálogo en torno a la vida en el barrio. “En los convites se habla de los últimos acontecimientos del barrio, se intercambian experiencias, se chista con los desatinos del vecino, los dirigentes conocen la opinión que los usuarios tienen de la prestación del servicio de acueducto y aprovechan de manera espontánea para convocar y motivarlos a participar en las actividades” (Quintana, 2010:173).

En la actualidad algunos usuarios pagan un trabajador a cambio de la representatividad del miembro de la familia usuaria durante la jornada. Por ello y en virtud a la pérdida del sentido de pertenencia de los usuarios, quienes en su mayoría son inquilinos de las viviendas en los barrios, las asociaciones programan ahora menos convites en comparación con los que se organizaron durante la construcción de los sistemas.

De otra parte, el modelo no contractual se sustenta en el sistema de propiedad comunal, ya que nadie en las Asociaciones de acueductos comunitarios, ni individual, ni colectivamente, tiene propiedad sobre áreas de conservación en nacimientos de fuentes de agua, ni terrenos sobre el lecho de las quebradas abastecedoras del líquido, o sobre los sitios donde instalan los sistemas de captación del agua.

La propiedad común que poseen estos grupos asociativos está representada en obras de infraestructura, principalmente bocatomas instaladas sobre el lecho de las fuentes de agua ; tanques de almacenamiento y cloración construidos al margen de las quebradas, en terrenos privados y, redes de distribución enterradas en las calles de los barrios. Eventualmente se encuentran asociaciones con propiedad sobre pequeños terrenos donde se localizan los tanques o, una casa destinada como vivienda del fontanero u oficina para la gestión administrativa del sistema.

Para las Asociaciones de acueductos localizadas en estos barrios marginales, además del agua como principal bien que garantiza la vida y la permanencia en el territorio, la infraestructura de abastecimiento es considerada el capital económico más importante. Sus dirigentes consideran que las bocatomas, los tanques de sedimentación, almacenamiento y las redes de distribución de agua, son un patrimonio social, por la inversión histórica en esfuerzo humano y recursos materiales que representa.

Sin embargo, pese a las bondades del modelo organizativo para la gestión del agua, según algunos de sus fundadores, por la ausencia de propiedad colectiva sobre la tierra, a las Asociaciones de acueductos comunitarios se les dificultan garantizar la conservación natural de los nacimientos y márgenes de las quebradas. Las regulaciones impuestas por la propiedad privada sobre la tierra, afectan la continuidad y permanencia de las estrategias de conservación del agua y por ende, la garantía de acceso al agua para los habitantes de los barrios periurbanos en Dosquebradas.

Los Fundadores consideran que, hasta tanto no cambie el esquema normativo en la legalización de los predios, serán infructuosas las acciones que realizan las Asociaciones de acueductos comunitarios para la protección de las cuencas. Tal como sucedió entre otros muchos casos, cuando un grupo de usuarios cercó y sembró árboles en una franja de la quebrada, respetando los 15 metros que define la ley para la conservación de cuencas. Pero el proceso fue infructuoso porque :

“A los quince días volvimos a mirar la obra y no estaba ni el alambre (…) El dueño de la finca nos dijo : ´espere un momentico, quiere que le muestre la escritura ?, la escritura dice el lindero mío es la quebrada Manizales´(…) Entonces de ahí viene la falla, por qué no le colocan a esas escrituras : el lindero quebrada Manizales, respetando la franja como protector que puede ser de 10 a 15 metros ?. Eso no lo dice ninguna escritura, entonces eso es un problema tremendo (…). Pero contra la propiedad privada no se puede hacer nada” (Antonio, 2012).

En general, los fundadores de las Asociaciones concluyen que el poder económico obstaculiza las estrategias de conservación del agua, en virtud a la red de beneficios que otorga el Estado a los propietarios de tierra.

La obligación desinteresada en la gestión colectiva del agua, crea una deuda positiva

En torno a las Asociaciones de acueductos comunitarios en Dosquebradas, usuarios, directivos y fontaneros, establecieron alianzas sociales mediadas por deudas positivas, que se trasmitieron de generación en generación. Por ello, los usuarios aportan mensualmente una cuota familiar, para el sostenimiento de los gastos materiales del sistema, a cambio de contar con agua en los domicilios. Los directivos ofrecen trabajo voluntario para gestionar administrativa y operativamente el sistema, a cambio son exonerados de pagar la cuota mensual familiar. Y los fontaneros, son operarios que ofrecen disponibilidad permanente a los usuarios de la Asociación, a cambio de una simbólica bonificación mensual.

Los ingresos para el sostenimiento de una Asociación de acueducto comunitario en Dosquebradas, provienen principalmente de las cuotas familiares mensuales por el consumo del agua [9]. Considerada como un pago simbólico del beneficio que obtienen los usuarios por el servicio. Ya que la deuda mutua positiva que establecen directivos, fontaneros y usuarios está referida principalmente a la necesidad de mantener las relaciones de amistad como vecinos del mismo barrio. Al respecto, en Asamblea General, un directivo aclaró a los usuarios que : “El agua no se cobra, lo que se cobra es el servicio” (Jaime, 2011).

De esta forma, el valor asignado por la Asamblea General de la Asociación como mensualidad, no obedece a ningún cálculo diferencial de los costos de operación y administración, tal como lo exige en Colombia, la Comisión Reguladora de Agua Potable –CRA-, ya que según uno de los fundadores de acueducto comunitario :

“En los acueductos comunitarios en ningún momento se habla de tarifas, sino de cuota familiar para sostenimiento (…) Porque lo que hay aquí es de fondos de todos (…) Por eso con esa cuotica se paga el fontanero, se paga la concesión de agua a la CARDER, se paga el análisis de agua en el laboratorio, se paga el cloro (…). Y ahora con la instalación de la nueva planta, que es lo único que nos ha aportado hace poco el gobierno, hay que pagar sulfato, soda caustica (…). Todo eso” (Antonio, 2012).

Las relaciones se establecen principalmente como una obligación de los directivos y fontaneros en la prestación del servicio, a cambio del interés por adquirir prestigio y reconocimiento entre los usuarios. Por ello, estos líderes convierten el trabajo que realizan en la Asociación de acueducto comunitario, en parte integral de su proyecto de vida individual y familiar. Comprometiendo incluso sus propios recursos en la relación con sus vecinos. Tal como el tesorero de una asociación que hipotecó su vivienda familiar, en garantía de un crédito bancario, destinado a mejorar el sistema de potabilización.

En general, los directivos de la asociación, se obligan a ofrecer trabajo voluntario con disponibilidad de tiempo permanente, entre otras, en labores administrativas, como lo explica María : “yo voy a pagar a bancos, reclamo el subsidio familiar y la seguridad del fontanero. Cada mes me reúno con la directiva de la asociación (…) Cuando hay emergencia nos reunimos en asamblea extraordinaria. En época de invierno nos reunimos con mucha frecuencia (…)” (María, 2012). Y en trabajos operativos, tal como lo hace Hernán :

“Yo subo a la planta todos los días (…) También nos hemos tenido que colocar a andar casa por casa para que no hayan llaves dañadas, que no estén los tanques con llaves abiertas, tenemos que estar en esa función. En invierno vamos hasta las bocatomas. Y en un verano, porque si hay un desperdicio, pues es agua que nos va a faltar para darle cumplimiento a la comunidad” (Hernán, 2011).

De otra parte, los fontaneros, generalmente hombres con experiencia en construcción o en trabajo agrícola, realizan el mantenimiento a la infraestructura de captación, potabilización y almacenamiento ; así como el seguimiento a las redes de distribución en el barrio, las conexiones en las viviendas y cobro de la cuota mensual familiar por el servicio. Estos hombres ponen a disposición de los vecinos-usuarios del acueducto comunitario, sus recursos y conocimientos del oficio, con disponibilidad horaria permanente. A cambio, reciben apoyo eventual en capacitación técnica para el oficio y, una bonificación económica acordada verbalmente con la junta directiva, generalmente por debajo del equivalente a un salario mínimo legal vigente.

La mayoría de fontaneros prefieren trabajar en el acueducto comunitario, porque aunque no sean remunerados como en el sector de la construcción, encuentran la satisfacción de donar sus conocimientos, capacidades y dedicación, a cambio de la aceptación y apoyo de sus vecinos. Así lo expresa uno de ellos :

“Uno le pone más amor al trabajo cuando está trabajando para el acueducto comunitario, pues está trabajando para una comunidad. Yo trabajo con empeño a eso, con amor a eso, pues de ellos dependo yo (…) aquí hay que estar dedicado las 24 horas, porque las quebradas… si se creció ésta y la otra (…) que una borrasca, que el aguacero a la una o dos de la mañana (…). Eso es muy duro (…) pero yo lo hago con mucho amor, porque gracias a Dios he levantado a mis hijos aquí” (José, 2012).

Además, por el conocimiento directo que tienen los fontaneros de las dificultades económicas que apremian a muchas familias en el barrio, más allá de su función como trabajadores de la Asociación ; se solidarizan con sus vecinos, compartiendo comida o exonerándolos del pago de la cuota familiar por el servicio del agua. En los siguientes términos relata uno de ellos, situaciones vivenciadas al respecto :

“Para mí lo más difícil de todo es coger una lista de 15 o 20 morosos y (…) porque el que sabe uno que tiene forma de cancelar la cuota familiar y no quiere cancelar, pues uno hasta le suspende el agua con gusto, pero a las personas a las que uno sabe que están económicamente llevadas (…) Aquí hay señoras que le dicen a uno, vea esta es la hora que los niños no han tomado traguitos, no hay comida. A mí me toca vea (…) Hay familias a las que he llevado un atadito de panela. Es a veces triste (…) pero hay gente económicamente muy mal. Por eso es que yo siempre digo que ¡uno entre muchos pobres que habemos, uno es rico ! (…)” (Pedro, 2011).

“Otro caso, es el de una señora anciana como de 80 años, quien vive a la orilla de la quebrada Manizales, y como no tiene ningún familiar que la ayude, vive de lo que puedan darle sus vecinos para comer… Pues yo nunca le cobro a ella…” (Pedro, 2011).

Es decir que las alianzas generadas por el don entre los vecinos en torno al agua, permiten aliviar conjuntamente, las carencias propias de la pobreza.

Mediante el don, hombres y mujeres de las Asociaciones de acueductos comunitarios son reconocidos socialmente

En la gestión colectiva del agua, las personas son reconocidas por su valor y capacidad humana de aportar al colectivo, gracias a las alianzas sociales que se fortalecen con la prestación del servicio. En las Asociaciones de acueductos comunitarios de Dosquebradas, los hombres acceden al prestigio social entre los vecinos del barrio que habitan, gracias al reconocimiento y legitimidad social que estas organizaciones sociales tienen entre la población pobre de los sectores periurbanos de la ciudad. Y las mujeres participan en la administración del sistema, como secretarias o fiscales principalmente ; aportando al mejoramiento de la gestión del agua, mediante la capacitación que reciben en temas como administración, reforestación y fontanería.

En la actualidad, las mujeres son principalmente quienes garantizan la continuidad en la gestión de los sistemas de abastecimiento comunal. Entre otras razones porque sus habitus ligados a una herencia campesina y, la marginalidad en el acceso a la propiedad y a la educación, hacen que se sientan más comprometidas en la defensa de la propiedad colectiva del agua.

Las lideresas reconocen que la carencia de una propiedad privada sobre sus viviendas, generalmente asignada a los hombres, antes que limitarlas o disminuir su sentido de pertenencia por la vida en el barrio ; las impulsa a asegurar el agua para consumo humano. Porque además de garantizar la salud a sus familias, la principal motivación de su trabajo, es garantizar a su descendencia opciones de vida diferentes, a las ofertadas por las redes de microtráfico de estupefacientes existentes en la zona. Por ello, la vinculación de las mujeres en las Asociaciones, les permite establecer alianzas con vecinos y personas de diferentes instituciones, que les abren posibilidades de participación sociopolítica en diferentes espacios de representación local, ocasionalmente materializadas como oportunidades educativas o laborales para sus hijos.

Por ello, el reconocimiento social que las mujeres separadas y viudas, cabezas de hogar, obtienen de sus vecinos como capital simbólico adquirido por el liderazgo en la gestión del agua, recompensa el sentimiento de abandono-exclusión ocasionado en los hogares por padres, esposos y, a nivel social por el Estado.

Así como Ruth, Beatriz, Cristina y Lucia, quienes son arrendatarias y trabajan arduamente en las Asociaciones de los barrios, donde habitan solas con sus hijos. Josefa que dice sentirse a gusto viviendo en la casa que su exesposo construyó para que viviera con sus cinco hijos, antes de abandonarla por otra mujer. Esther, quien asegura que adquirir la propiedad sobre la vivienda para sus hijos, fue una de las grandes ventajas obtenidas de su separación conyugal, luego que su exmarido la abandonara por una mujer más joven. Y como Yolanda, para quien trabajar en la Asociación es una forma de sentirse protagonista de su propia vida y, superar el sentimiento de abandono que le generó la decisión de su padre, cuando siendo aún niña y huérfana, la dejó con su madre adoptiva ; y luego, su primer esposo se fue, dejándola sola con la responsabilidad de sostener a sus tres hijos.

Además, de madres a hijas se trasmite el compromiso por el liderazgo, así como Ruth quien lleva más de 22 años trabajando en la gestión social del barrio, luego de adquirir inicialmente experiencia en la Asociación de acueducto comunitario, dinamizó la conformación de un grupo de tercera edad y ha ejercido diferentes cargos en la junta de acción comunal. Su hija mayor ocupa en la actualidad el cargo de Presidenta de la Junta de acción comunal en su barrio y, aspira postularse como candidata al Consejo Municipal de Dosquebradas por el sector, para las próximas elecciones populares.

Conclusión

En conclusión, las alianzas generadas en la gestión colectiva del agua en Dosquebradas, mediante la práctica del don, garantizan que los habitantes de barrios periurbanos transformen el desabastecimiento y los conflictos por la carencia de una gestión adecuada para el acceso igualitario al líquido, en oportunidades de vida para familias empobrecidas por las desigualdades que establece la privatización del servicio público de acueducto. Por ello, el convite, la defensa de la propiedad colectiva sobre las infraestructuras y, los espacios para la gestión y administración del sistema de abastecimiento, se constituyen en un estilo de vida y participación social, en virtud a las prácticas generadas por la dinámica del dar-recibir-devolver.

Los directivos entregan trabajo voluntario, a cambio de prestigio y honor en el barrio y en el municipio ; los fontaneros, realizan la labor operativa del sistema de abastecimiento y, las mujeres la gestión administrativa del sistema de abastecimiento, a cambio del fortalecimiento de la red vecinal y el bienestar familiar. Por este motivo, líderes y fontaneros de las Asociaciones de acueducto comunitario en Dosquebradas ofrecen servicio voluntario, interesados en fortalecer las relaciones de parentesco y amistad, más que recibir bienes materiales.

Las lógicas de valoración sobre los elementos de la naturaleza y las formas culturales de alianza social que se derivan del don, constituyen estrategias necesarias a considerar en la gestión del agua. La sustentabilidad ambiental depende de la comprensión y respeto a la diversidad de explicaciones lógicas que los grupos humanos utilizan, incluso conviviendo con la lógica racional mercantilista. Porque en Dosquebradas y en muchas otras regiones de Colombia, el camino seleccionado por habitantes de zonas periurbanas y rurales para mitigar el impacto de los conflictos en torno al recurso hídrico, ha sido la defensa a las Asociaciones de acueductos comunitarios, como forma de resistir a la lógica racional mercantilista en la gestión del agua.

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